El discurso del Presidente Moreno repite la palabra austeridad hasta la saciedad. Sin embargo, ¿son reales sus medidas o responden más bien a esfuerzos de comunicación?

El conjunto de medidas propuestas a través del Decreto 135 generar un ahorro del 0,02% del Presupuesto General del Estado.

El 1 de septiembre, el Presidente Lenin Moreno dispuso un conjunto de medidas para la optimización y austeridad del gasto público. Sin desdecir de lo legítimo que resulta para un gobernante disponer mecanismos de eficiencia en el gasto si así lo considera pertinente, vale la pena desmenuzar las disposiciones para identificar un monto, al menos aproximado, del ahorro que significaría la puesta en marcha de todas las disposiciones, así como las complejidades asociadas a su cumplimiento.

Más allá del impacto comunicacional que se pretende con el conjunto de medidas (hemos visto como muletilla el uso de la palabra austeridad), es necesario que la ciudadanía pueda notar si en efecto existe o no un cambio significativo en el modelo de gasto público y si este cambio es notoriamente diferente al del periodo 2013 – 2017. En este sentido, se plantea un análisis de las diferentes disposiciones con el único objetivo de alimentar la discusión y debate sobre la forma de administrar el Estado.

El decreto ejecutivo 135 contiene 31 artículos, 4 disposiciones generales, una transitoria y la final usual en este tipo de documentos. En total, el Presidente Moreno dispone 30 medidas orientadas a la optimización del gasto. 11 instrucciones que atañen a los servidores públicos, 18 que afectan a los gastos en bienes y servicios, y 1 orden de traslado de sede administrativa.

Del análisis realizado encontramos:

1. Órdenes para que organismos cumplan con su trabajo

Se encuentran en el Decreto 3 instrucciones que son redundantes y sin efecto práctico pues establecen, por un lado, que INMOBILIAR debe autorizar la firma de contratos de arrendamiento para entidades públicas, tomando en cuenta los valores de mercado; cosa que este Servicio viene realizando desde 2014. Por otro lado, se ordena también que SERCOP optimice precios de servicios y bienes de provisión nacional para la contratación pública, asunto que es la razón de ser de SERCOP y que ha generado ya, ahorros muy significativos, como los USD 300 MM que se ahorraron en compra de medicinas a inicios de 2017. Finalmente, dispone al Ministerio del Interior que racionalice la asignación de personal de seguridad para autoridades del Estado, desconociendo que la Dirección General de Investigación de la Policía tiene un modelo de perfiles de riesgo que se implementa desde 2014 al menos. Demás decir que esto no genera ningún ahorro nuevo.

2. Disposiciones ya emitidas en el pasado:

Por otro lado, encontramos en el documento 13 instrucciones para que las organizaciones del Ejecutivo realicen actividades que ya se están haciendo debido a que fueron dispuestas a lo largo de los años anteriores, tanto por el propio Ejecutivo, así como por la Contraloría General del Estado. Así, encontramos que se dispone, por ejemplo, que solo se contraten consultorías cuando estas están vinculadas expresamente a la agregación de valor de la organización pública, asunto que se dispuso desde 2015; o que se obtenga autorización previa para viajes al exterior, cuando este trámite está en vigencia desde 2010; o que se prioricen reuniones con servidores que están en los territorios a través de videoconferencia, asunto que fue dispuesto en 2014. Otras instrucciones ya emitidas con anterioridad son la prohibición de compra de vehículos, o el uso de vehículos oficiales solo para el nivel 6 del jerárquico superior de las entidades públicas. Además, existe una disposición sobre el control de inventarios que no es más que una redundancia a las normas de control interno de la CGE.

En este mismo tema, encontramos una orden que dispone a SENPLADES realizar el análisis y racionalización de programas y proyectos públicos que pudiesen estar duplicados, desconociendo que esa fue la tarea más importante de los Ministerios Coordinadores, gracias a lo cual se optimizó la inversión pública durante todo el tiempo que funcionaron estos organismos, y con un impacto mucho más notorio en los últimos 4 años del gobierno anterior. Por otra parte, encontramos además una disposición para que la misma SENPLADES, junto con el Ministerio del Trabajo, revise en todas las entidades del ejecutivo, aquellas unidades que podrían no ser necesarias y que generarían un gasto ineficiente, desconociendo que esta tarea también fue emprendida por el Comité de Gestión Pública que estuvo conformado por la Secretaría de la Administración Pública, SENPLADES, Ministerio de Finanzas y Ministerio del Trabajo, gracias a lo cual se obtuvo una completa homologación de las estructuras de todos los organismos del Ejecutivo.

De todo esto se desprende que es poco probable encontrar ahorros adicionales a los ya obtenidos en los años precedentes y, además, se realizarán tareas ya realizadas en el pasado y con relativo éxito.

3. Disposiciones que pueden afectar a la calidad de los servicios públicos

Las disposiciones que sí generan ahorros son las que tienen que ver con la eliminación de todas las vacantes en las organizaciones públicas sin distingo de relevancia, así como las que cortan el pago de horas extras. Sin embargo, no se establece como límite a esta disposición, la posibilidad de afectar servicios públicos. De esta manera, se trata de igual forma al área administrativa de cualquier ministerio que a la empresa pública que presta servicios públicos. La prohibición de contratación que involucra el retiro de todas las vacantes hace que en aquellos servicios públicos que tienen estacionalidades claramente marcadas, como Aduanas o Correos, los servicios tiendan a perder calidad puesto que desde octubre y hasta enero, aumentarán notoriamente las transacciones que deban realizar los funcionarios de estas entidades sin que los directivos de ambas puedan contratar nuevo personal. Es evidente que la ola de quejas por mal servicio se incrementará sin que los responsables de las instituciones puedan hacer algo al respecto. Lo mismo sucede con el pago de horas extras. La orden de limitar a 30 las horas extras sujetas a pago puede ocasionar que aquellos servicios públicos que se prestan 24 horas al día, 7 días a la semana, tengan un bajón en su calidad toda vez que será complicado garantizar la dotación adecuada de personal para atender los servicios los fines de semana, cuando no se puede pagar la totalidad de horas trabajadas.

4. Disposiciones que podrían reportar un efecto positivo

Se resaltan instrucciones que son relevantes, pero que pueden ser insuficientes si no vienen acompañadas de otras actividades conexas que no están contempladas en el decreto revisado. Por un lado, tenemos una disposición que dispone la reasignación de personal de apoyo de una institución a otra en función de las necesidades de una de las entidades a través de la figura del traspaso administrativo consagrada en la LOSEP, lo cual tiene amplios beneficios pues personal que en una organización podría considerarse no necesario, en otra puede aportar sin tener que pasar por una curva de aprendizaje. Otra disposición que se considera importante es la que dispone la evaluación de cargas trabajo del personal en las EPs, PetroEcuador y PetroAmazonas, aunque esta misma disposición debería aplicarse en otras entidades con más de 5000 funcionarios, como CNT.

En otro orden de cosas, encontramos una disposición para el retiro de balizas y sirenas de los vehículos oficiales, tarea que es plausible, aunque sin ningún impacto en el presupuesto.

5. Traslado de sede de BanEcuador

Sin concentrarnos en el mensaje político que envía esta disposición hacia las zonas agrícolas de la costa, debemos notar el contrasentido de esta orden, en relación a todas las demás órdenes que se emiten a lo largo del decreto ejecutivo. El traslado desde Quevedo hacia Quito involucra un elevado costo en el corto plazo, con pocos réditos en el mediano. Para trasladar una sede administrativa se debe considerar que la planta central consolida todos los procesos gerenciales con sus respectivo personal. De acuerdo con el reporte de Transparencia de BanEcuador, en planta central existen 657 funcionarios con su respectivo equipamiento y servicios para poder desarrollar su negocio. Es poco probable que se trasladen los 657 funcionarios de Quevedo a Quito, con lo cual, cerca del 80% de esa cifra pasa al desempleo en Quevedo. Huelga decir que las condiciones de acceso a empleo adecuado son menores en Quevedo que en Quito. Por otra parte, el costo directo de esta operación debe superar los USD 4 MM entre el pago de liquidaciones, el costo de traslado y la adquisición de bienes muebles necesarios para la prestación de los servicios desde planta central.

Ahorros reales

En un análisis muy somero, las medidas contempladas generarían ahorros que se desagregan de la siguiente manera:

Fuente: La investigación

Se considera para este análisis que las medidas que ya se han implementado no representan un ahorro nuevo al que ya ha obtenido el Ejecutivo desde su implementación en años pasados. Algunas medidas que podrían significar ahorros no se pueden estimar con la información pública existente, aunque no se evidencia un incremento significativo que modifique la reflexión final de este documento.

Conclusiones

De todo lo señalado se puede evidenciar que los ahorros estimados a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno de Moreno no representan más allá de USD 100 MM en el primer año. Monto que, comparado con el Presupuesto General del Estado presentado, cercano a los USD 36 Mil Millones, representa el 0,02%. De esto se colige que, aunque se critique el “excesivo gasto público” no se puede disminuir sustancialmente, a menos que se emprendan acciones más agresivas de desgaste de la calidad de dichos servicios, a lo mejor, siguiendo el modelo de los 90s para luego tener argumentos para posibles desinversiones o abiertas privatizaciones. Por suerte, la ciudadanía conoce con claridad lo que es un servicio público de calidad y entiende que el costo de mantenimiento no se puede disminuir de manera sustancial sin afectar su rendimiento en el mediano plazo.

Por otra parte, siendo notorio que esta optimización es claramente insuficiente para cumplir con los objetivos del plan de gobierno, es muy probable que el gobierno esté estudiando otras medidas para aumentar sus ingresos si quiere cumplir con compromisos como el del plan Toda Una Vida y a la vez llevar adelante las medidas, abiertamente neoliberales, que exige el sector productivo, como producto del diálogo nacional. No debería sorprender por tanto que se aproxime un paquetazo económico vía impuestos y tarifas por servicios básicos. Ojalá y al menos estas medidas tengan un corte progresista y afecten a las clases más beneficiadas de la sociedad, cosa que, a la luz de los diálogos realizados, parece poco probable con un Presidente que prefiere quedar bien con banqueros e industriales y denosta a las clases populares.