Durante 175 años, la construcción de la República se sustentó en un Estado excluyente, configurado para mantener contentas a las élites económicas y políticas. Élites que conformaron organizaciones, leyes, educación y cultura alrededor de su propio beneficio y en perjuicio de las mayorías. La historia del Ecuador está plagada de decisiones de política pública que se establecieron para defender o proteger, exclusivamente, a quienes tenían el poder o acceso al poder.
La sucretización de la deuda de Hurtado y el salvataje bancario de 1999 son sólo dos de los miles de ejemplos del poder de las élites económicas para salirse con las suyas, pero no son las únicas élites que consiguieron decisiones a su favor y en perjuicio de las mayorías. El sistema de descentralización a la carta para que los municipios con
más recursos se queden sólo con las cosas que les interesaban o les generaban negocio (la descentralización del registro civil a Guayaquil, por ejemplo) o la participación de las FFAA en una infinidad de negocios totalmente ajenos a la industria de la defensa, o las leoninas condiciones de los contratos colectivos en el sector petrolero que hacían que un trabajador reciba por liquidación en caso de despido, más de USD 500 mil y en otros casos, hasta USD 1 millón, son notables ejemplos de lo que era el Estado.
Los Presidentes de turno no hicieron nada más que satisfacer las exigencias de las élites de turno a cambio de “condiciones de gobernabilidad” que eventualmente dejaban de estar presentes. Esta es la base de los “pactos de la regalada gana” y del sistema de mayorías móviles en el Congreso. Esta fue la lógica perversa de exclusión que construyó instituciones, leyes, relaciones económicas y sociales. Casi nunca las grandes mayorías fueron el centro de la toma de decisiones, mientras las élites estuviesen felices, las mayorías que se jodan.
Este fue el sistema sobre el que se construyó la República y ese sistema derrocamos con la Revolución Ciudadana desde 2007. Miles de personas se jugaron por construir un sistema donde primen los intereses de las grandes mayorías, por sobre las élites políticas, económicas, sociales y culturales. Miles de personas dejaron de revisar los periódicos para saber qué hacer y fueron directamente a los ciudadanos para identificar las necesidades y construir políticas públicas a su servicio, por eso, la agenda de seguridad ciudadana se construyó con la gente, barrio por barrio, distrito por distrito y no basados en la crónica roja de los medios amarillistas, y por eso casi todos los indicadores de la materia mejoraron sustancialmente. Miles de personas se saltaron a los “representantes gremiales” que solo proponían medidas económicas que mantengan sus privilegios, y fueron a trabajar directamente con los productores y pequeños y medianos empresarios. Solo así se explica que el sistema de compras públicas (con las mejoras que requiera) permita la participación de la economía social y solidaria en la producción de uniformes escolares, de pupitres o de servicios de limpieza.
Todavía hay quienes dicen que el IESS es de los afiliados y que la seguridad social no es un asunto de política de Estado. Son esas élites las que jamás hubieran permitido la afiliación de las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar, porque para ellos eso no es la garantía de un derecho si no un mal negocio. Todavía hay quienes dicen que la política tributaria tiene que hacerse con los empresarios; esos mismos empresarios que se basan en el argumento de que menos impuestos, más empleo (relación falaz por donde se la mire), son los mismos que piden que les bajen la tarifa de luz y jamás permitirían que el Salario Básico Unificado alcance al Salario Digno por no perder de ganar más.
Lo que está en juego en los siguientes 4 años es la continuidad del proyecto para sostener e institucionalizar un sistema incluyente que permita la participación de las grandes mayorías y no de las élites. Aunque suene a cliché, en realidad, estamos frente a una lucha de sistemas. Para alcanzar el desarrollo sostenible, necesitamos un sistema totalmente diferente. No hay que ser muy docto para darse cuenta de que el sistema excluyente sobre el que se construyó el Ecuador no fue para nada exitoso. Más de 2 millones de ecuatorianos viviendo fuera del país obligados por la crisis del 99 son muestra más que suficiente.
Y por desgracia, el gobierno actual no lo ha entendido ni se ha puesto a la altura de la exigencia histórica. No es suficiente con incluir en los discursos e intervenciones públicas, las palabras Revolución y Ciudadana. La continuación de la revolución solo sería posible si se mantuviera la senda de construcción de un sistema incluyente que no cuestione, por ejemplo, el pago de impuestos a los más ricos, la eliminación del subsidio al gas por ser totalmente regresivo (máxime cuando tenemos la mejor generación eléctrica de la región y en donde el subsidio puede ser, claramente, orientado a las clases populares), o el mantenimiento y mejoramiento de la ley de plusvalía. Y, sin embargo, todas estas cosas, y otras más, están en constante entredicho.
En lugar de esto, tenemos un gobierno que, so pretexto del diálogo, muestra como gran logro, la compra, sin beneficio de inventario, de toda la agenda de la derecha en materia tributaria y productiva, en donde el Estado entrega todo y el sector productivo no sede ni un ápice. Y quién paga la cuenta, es otra vez, el pueblo llano que seguirá trabajando sin ver más mejoras en su calidad de vida, viviendo con el miedo de que lo puedan despedir con mayor facilidad y pagando impuestos con los cuales el Estado pague la energía que consumen las grandes empresas. El regreso al sitio exacto del que salimos en 2007.
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Cristian Castillo Peñaherrera 