La propuesta de ley de alianzas público privadas (ley APPs) presentada por el gobierno está en discusión en la asamblea. Fieles a su tradición, la oposición ha cumplido con la máxima: palo porque bogas y palo porque no bogas; así, estamos recibiendo “críticas” de todos los sectores porque resulta que el proyecto no es ni bueno ni malo. Vale anotar como interesante que algunos sectores hayan salido a opinar favorablemente, en general, sobre la propuesta, con el consabido: “pero”, que les deja a salvo de parecer muy cercanos al gobierno. De las críticas, la más repetitiva está en la conformación del Comité Interinstitucional. Sobre esto me voy a referir en esta entrada.

Llevamos 8 años de un proceso de recuperación del Estado. Durante la época neoliberal, el Estado fue una cosa más bien burgués en la que los propios interesados determinaban lo que les convenía más y obligaban a los que habían ganado elecciones a actuar en función de los intereses de ellos, no del interés común, no del proyecto de gobierno. Solo en función de los intereses de ellos.

Ejemplos tenemos miles, pero quedémonos en uno paradigmático. El extinto CONARTEL (Consejo Nacional de Radio Telecomunicaciones). El Estado tenía minoría en este consejo. En él estaban “representados” los operadores de telecomunicaciones. Es decir, estaban Claro, Movistar y los operadores de radiotelecomunicaciones. Y supuestamente, la ciudadanía. Es decir, Claro y Movistar establecían regulaciones obligatorias para el sector de las telecomunicaciones. Huelga decir que las regulaciones se armaban para beneficiarlos a ellos. La ciudadanía, pues bien gracias. El partido que ganó las elecciones con una propuesta de gobierno que probablemente incluía consideraciones específicas en materia de telecomunicaciones tenía que allanarse a lo que determinaban Claro y Movistar. En resumen, los operadores que ya son parte del negocio establecían condiciones que les favorecían a ellos. Esto es obvio. Aunque quieran sugerir que los operadores son filántropos preocupados por el bienestar de toda la sociedad en su conjunto, en la realidad, protegían sus propios intereses económicos.

Ahora tenemos un Estado en donde la política pública la construye el Gobierno (como debe ser) equilibrando los intereses de los actores pensando en el bien común. No es, como he escuchado más de una vez, que el interés particular siempre está en línea con el interés común. Esta afirmación o es muy ingenua, o es muy perversa. Es una pena que los actores actuales de la oposición repitan como novedosas las condiciones del pasado. Quizá porque en el fondo consideran que el Estado les pertenece y no necesitan ganar elecciones para gobernar.

Así entonces, está mal que actores del Gobierno de turno, sean los que determinen la conveniencia para el Estado de un proyecto propuesto por el sector privado. Lo correcto, según esta nueva/vieja oposición, lo que debería pasar es que, cuando un actor privado interesado en iniciar una obra pública, debería presentar una propuesta para que le sea aprobada por otro actor privado que lo “represente”. (¿?)

Un actor privado que encuentra la posibilidad de un negocio millonario en una obra pública y tiene los millones para hacerlo, debe proponerlo al gobierno, pero para su aprobación o no, el gobierno de turno debe someterla a votación en conjunto con actores privados “representantes” de esos actores proponentes. Si la propuesta es un negocio redondo para el proponente pero un mal negocio económico, social, financiero, ambiental para el Estado no es tanto problema. Lo que importa es que sean “representantes” del propio sector proponente los que lo aprueben. Creo que se nota cual sería la respuesta más obvia.

Ecuador ya cambió, la que no ha cambiado es la oposición. Actores políticos que defienden intereses económicos a los que son allegados y que exigen tomar decisiones de política pública bajo el pretexto de que ello son los principales interesados y siempre van a buscar el equilibrio de sus propios intereses con el interés común. Casi como los banqueros que desregularon el sector financiero para ocasionar la crisis del 99, ellos claro que pensaron en el interés común.