Es bastante evidente la visión ideológica con la que ciertos actores políticos, intelectuales o tuiteros de relativa relevancia (y cientos sin ninguna) argumentan en contra del pacto ético propuesto por Rafael Correa. Encontramos en ese entramado de argumentos pseudo éticos y pseudo apoliticos desde leguleyadas de estudiante de primer año de derecho, hasta argumentos supuestamente filosóficos que defienden el derecho de cada individuo de «hacer con su plata lo que les da la gana».

En un sentido limitado, en efecto, cada uno puede usar sus recursos como le venga en gana. En un sentido más amplio, esa libertad tiene una limitación obvia: no puedes evadir tu responsabilidad con la sociedad. Si te da la gana de poner ese dinero en un paraíso fiscal para evadir impuestos, estas incumpliendo tu deber social en perjuicio de los demás miembros de la sociedad. 

El asunto no se cierra en la simple referencia a una supuesta libertad sin límites. Si vamos al origen, vamos a encontrar que toda fortuna se hace a partir de los recursos que una sociedad provee al afortunado. No quiero menospreciar el rol fundamental del emprendedor, para nada; pero no es menos cierto que el emprendedor inicia su acción en un entorno social del cual obtiene mano de obra, proveedores que le facilitan recursos materiales, consumidores de su producto o servicio. No se trata por tanto de que el emprendedor es una suerte de ermitaño superpoderoso que solo solito consigue recursos, los procesa y él mismo se compra y se hace rico. No.

La riqueza que genera un empresario solo es posible en función de la sociedad donde la genera. Durante los últimos 9 años, la generalidad de los sectores productivos vieron incrementados sus ingresos de manera sostenida gracias al conjunto de medidas sociales y económicas que tomó el gobierno. Aunque se quiera, no se puede ocultar entre otras cosas que, aumentó la clase media (con el incremento de la capacidad de consumo concomitante) aumentaron los servicios públicos dedicados a la producción (conectividad física y digital, electricidad -con excepción de los apagones de noviembre de 2009- costo fijo de combustibles para transportación, y un largo etcétera) y en general, otras condiciones sociales que redundaron en mayores ingresos para las operadores productivos. Es decir, mayor riqueza. 

Toda riqueza se genera en un entorno social que, a través de sus políticas públicas genera condiciones sistémicas mejores, y que a través de otros miembros, aporta condiciones para que esa riqueza crezca (mano de obra, proveedores, consumodores).  Así, la riqueza individual de un empresario es resultado de su esfuerzo, dedicación, riesgo asumido y también es resultado del esfuerzo del conjunto social en el que el empresario actúa. Parece de perogrullo lo que estoy diciendo, pero no lo es. Muchos de esos intelectuales que menciono y muchos actores políticos, explícitos y encubiertos, pretenden obviar este hecho y hacer parecer que el esfuerzo individual bien ganado ha sido por fuera de la sociedad y por tanto a ella no le debe nada. Nada, en algunos casos, ni siquiera el pago de impuestos.

Por otro lado, sabemos que los procesos de desarrollo requieren de un aprovechamiento eficiente de los recursos con los que cuenta la sociedad. Lo que ha hecho el gobierno con la renegociación de los contratos petroleros para que esa riqueza sirva al desarrollo del país, es una buena muestra de ello.

En una primera instancia, es importante notar que los recursos financieros de un presupuesto público provienen, en gran medida, de los impuestos que cobra a los agentes económicos. Mientras más agentes económicos cumplan con su obligación, más recursos ingresan al presupuesto y más recursos se tienen para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad (educación, salud, seguridad ciudadana, etc.). Cuando los agentes económicos no cumplen con esta obligación, la sociedad en su conjunto resiente el bajón de la calidad de dichos servicios. En particular, los más afectados son quienes más usan esos servicios públicos, a saber, las clases medias y populares. Si un empresario oculta su dinero para no pagar impuestos, está incumpliendo su parte con esa sociedad que le permitió generar, mantener o desarrollar su propia riqueza. En el caso del país sabemos que cerca de USD 30 mil millones están colocados en paraísos fiscales con el único propósito de no pagar impuestos. Eso traducido a impuesto al patrimonio podría haber representado 900 millones adicionales para atender la reconstrucción después del terremoto del 16 de abril.  Esto es, a todas luces, ilegítimo.

En segunda instancia, es importante también notar que el desarrollo productivo requiere de recursos financieros que se proveen a través de los mecanismos usuales de financiación productiva: banca tradicional o alternativa, bolsa, socios capitalistas, etc. Es decir, si usted quiere emprender, va a necesitar recursos que los va a buscar en los bancos o donde algún conocido con dinero. Si el empresario ya rico, no coloca su dinero para obtener más dinero en la banca o en inversiones directas en emprendimientos nuevos, sino que prefiere colocarlos fuera, solo por no pagar impuestos; esta limitando la posibilidad de mayor riqueza para él y para la sociedad. Después de todo, el discurso de la derecha siempre ha sido que la libre empresa es el camino para la generación de mayor empleo y mayor riqueza. Sin recursos, esa riqueza solo queda en pocas manos. En las mismas pocas manos. Esto también es ilegítimo.

Todo esto se maximiza cuando el rico que tiene mucho dinero que lo tiene colocado en un paraíso fiscal quiere gobernar o ser parte de un gobierno. En primer lugar es un sinsentido completo que quien dice saber como sacar a una sociedad del subdesarrollo sea incapaz de actuar en consecuencia y poner sus recursos financieros al servicio de esa sociedad, pagando la totalidad de sus impuestos y financiando otros proyectos productivos (que seguramente le darán más riqueza). En segundo lugar, dice bastante de sus verdaderas intenciones. En realidad, ¿le interesa el país o mantener y aumentar su propia riqueza?